Los medios comunitarios en Venezuela: presencia, conflictos y retos actuales

 Orlando Villalobos Finol
orlandovillalobos26@gmail.com
@discurso1

Resumen

En la última década en Venezuela se ha hecho visible el crecimiento sostenido de los medios comunitarios, en sus diversas expresiones impresas, audiovisuales y digitales. Ya son parte del paisaje y de la realidad comunicacional. Si bien en décadas anteriores hubo expresiones de lo que se denominaba de distintas maneras: comunicación comunitaria, alternativa, participativa, horizontal, dialógica, popular y radical, en la actualidad todo eso ha ganado corporeidad y ha dejado de ser sólo una propuesta o una posibilidad. Se le entiende y se le valora, cada vez más, como una opción diferente en la comunicación, con contenidos críticos y emancipadores, que vindica o expone nociones populares y ciudadanas; se le reconoce como un espacio diferente a los medios públicos y privados. El trabajo revisa los antecedentes de la comunicación comunitaria y/o alternativa, hace precisiones sobre las definiciones teóricas que son necesarias y que están en desarrollo y en debate, discute sobre el uso del espectro radioeléctrico y sobre las demandas de este momento que solicitan la modificación del marco legal, que garantice la presencia y actuación de los medios comunitarios.

Palabras clave: medios comunitarios, comunicación, inclusión social, ciudadanía

Antecedentes. De la comunicación dominadora a la democrática

Los medios comunitarios constituyen una novedad. En los últimos años han adquirido notoriedad y se levantan como una opción favorable para fomentar la identidad y la diversidad cultural, y para dotar de un sentido diferente el esfuerzo comunicacional que se ejecuta. Todo eso en medio de retos y también incoherencias y contradicciones que aquí intentaremos resumir.

Cuando se revisa la experiencia acumulada se encuentran omisiones, errores y distorsiones que es preciso detectar, ubicar, criticar y corregir, para que esta comunicación comunitaria cumpla su cometido y se libre de perversiones. Pero sin duda, un dato cierto es que en Venezuela estos medios han venido ganando presencia, han ido germinando en barrios, urbanizaciones y comunidades y forman parte del inventario de opciones comunicacionales.

Lo que se denomina comunicación comunitaria tiene su origen en los movimientos sociales y políticos de los años 70 y 80. Desde entonces pueden ubicarse intentos y propuestas que buscaban alimentar y hacer posible la acción comunicacional y periodística, desde la óptica popular y ciudadana. El término comunitario se emplea para señalar e identificar diferentes procesos comunicacionales, que se originan y justifican por la labor que cumplen las organizaciones populares, y por tanto, no forman parte del ámbito de los medios comerciales privados, ni de los medios estatales o gubernamentales, reconociendo desde luego las interconexiones con estos campos.

En esas décadas citadas, el esfuerzo comunitario se concentraba en el medio impreso. El periódico impreso resumía una iniciativa más estable y permanente, promovida en los barrios por movimientos cristianos de base, la Juventud Obrera Católica (JOC) que lo hacía en fábricas y empresas, y organizaciones populares, en su mayoría de inspiración partidista de izquierda, que promovían sus periódicos en barrios y empresas. El periódico impreso iba más allá de la hoja volante ocasional, espontánea y a veces clandestina, siempre para exponer quejas y demandas sociales, para reflejar la vida de la comunidad y para intentar una especie de pedagogía popular y difundir propuestas políticas. Estos periódicos eran impresos en multígrafos e incluso empleando la técnica de la serigrafía (en “batea” o bastidor), papel bond, tamaño dieciseisavo, en la mayoría de los casos.

Dos autores que promovieron este tipo de acción fueron Paulo Freire, brasileño, y Mario Kaplún, argentino-uruguayo. De Kaplún circuló ampliamente “El comunicador popular” (1985) en el que defendió una noción diferente de comunicación. En ese texto compara la comunicación dominadora sustentada en el monólogo, el poder vertical y unidireccional, monopolizada por pocos, con la comunicación democrática que propicia el diálogo, el ejercicio comunitario, horizontal, de doble vía, participativa, que expone el sentimiento de la mayoría. Resume que hay una noción de comunicación que la reduce a la transmisión de información y que es distinta de la noción u opción que se propone una sociedad construida como una comunidad democrática.

Freire fue un crítico radical de la concepción bancaria de la educación, que concentra el acto de enseñar en el educador y relega al educando o educado; el primero habla, el segundo escucha; el primero supuestamente sabe y el otro solo aprende; el primero es el sujeto y el segundo el objeto. Freire defendió la idea de la participación como posibilidad educadora y comunicativa para la liberación del ser humano. Frente al monólogo propone el diálogo, como opción que hace posible el cambio y la emancipación.

Estos autores, merecen ser mencionados porque se propusieron sistematizar una propuesta que colocaba a la comunicación popular en un rol principal o protagónico. Levantaron una opción cuestionadora de los métodos tradicionales y mostraron una comunicación diferente, con contenidos críticos, diferentes, retadores. No obstante, el debate es de vieja data.

La revisión crítica de la comunicación encuentra un hito relevante en la investigación que se adelantó desde la Escuela de Frankfurt. En vista del desarrollo que se inauguraba para la comunicación masiva, en la década de los años 30 del siglo pasado, los investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, en Alemania, acuñaron la categoría de industria cultural en un intento por describir el fenómeno de los medios masivos.

Para esta escuela el pensamiento crítico sobre los medios fue preciso y contundente: “No tienen ya más necesidad de hacerse pasar por arte. La verdad de que no son más que negocios les sirve de ideología (…) se autodefinen como industrias y las cifras publicadas de las rentas de sus directores generales quitan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos” (Horkheimer y Adorno, 1992: 178).

Estos autores explicaron que se quería justificar la existencia de dicha industria cultural presentándola en términos tecnológicos. “Pero no se dice que el ambiente en el que la técnica conquista tanto poder sobre la sociedad es el poder de los económicamente más fuertes sobre la sociedad misma. La racionalidad técnica es hoy  las racionalidad del dominio mismo” (Horkheimer y Adorno, 1992: 178).

Ludovico Silva trabajó y demostró la hipótesis de que “así como en el taller de la producción material capitalista se produce como ingrediente  específico la plusvalía, así también en el taller de la producción espiritual  dentro del capitalismo se produce una plusvalía ideológica, cuya finalidad es la de fortalecer y enriquecer el capital ideológico del capitalismo” (Silva, 1975: 190).

Esa plusvalía ideológica se genera y se reproduce en los medios masivos, “taller espiritual” por excelencia que refleja las relaciones materiales de producción, siguiendo con la metáfora de Silva. Dicho de otro modo, las condiciones que hacen propicia la dominación encuentran su sustento en el aparato de comunicaciones masivas y en la industria cultural, que difunden los mensajes y valores del capitalismo.

La comunicación comunitaria, como espacio con características propias

En tiempos más recientes esa otra comunicación se abre campo, “golpe a golpe; verso a verso”, según el poema-canción de Joan Manuel Serrat.

En Europa se le ha reconocido. En un estudio presentado el Parlamento Europeo (2007), titulado “El Estado de los medios comunitarios en la Unión Europea” se advierte sobre la importancia del reconocimiento legal de los medios comunitarios. La investigación muestra que el reconocimiento de dicho status legal hace posible que las organizaciones de los medios comunitarios se comprometan con las reglas de las autoridades regulatorias, asociarse con otras organizaciones, establecer alianzas, así también contar con anunciantes, lo cual contribuye a su sostenimiento y crecimiento.

La Declaración de Principios de Ginebra de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2003) declaró la necesidad de “fomentar la diversidad de regímenes de propiedad de los medios de comunicación” y la Convención sobre Diversidad Cultural de la UNESCO (2005) establece que los Estados tienen la obligación y el derecho de “adoptar medidas para promover la diversidad de los medios de comunicación social”.

Todavía hay más datos que podemos añadir en relación con los comunitarios. En septiembre de 1986, Francia en la ley 86-1067 reconoce los tres sectores a los que denomina como público, privado comercial y privado asociativo no comercial. Irlanda también reconoce estos tres sectores, en la Broadcasting Act de 2001. El Reino Unido reconoce el ámbito comunitario a partir de la aprobación de la Ley de Comunicaciones de 2003. Australia también reconoce en su Radiocommunications Act de 1992 los servicios de radiodifusión nacional (estatal), comercial y comunitaria y resalta entre los objetivos de la ley la necesidad de promover la diversidad en los servicios de radiodifusión.

En Argentina, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) incluye tres (3) tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro. Es decir, ubica tres franjas en la actividad radiodifusora. Todavía no dice nada de la radio y la televisión comunitaria o no lo dice de manera directa. En cambio, en Uruguay durante el gobierno de Tabaré Vásquez, en 2007, se aprobó la Ley de Servicio de Radiodifusión Comunitaria que se propone garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria, garantizando la administración democrática del espectro radioeléctrico. En la actualidad, en Uruguay se discute un proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual que reconoce una diversidad de tipos de propiedad de los medios de comunicación y, en especial, de tres sectores, definidos como comerciales, públicos y comunitarios. Divide el espectro radioeléctrico en tres franjas, en partes iguales.

En Bolivia, en julio de 2011 se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (2011) que establece en su artículo 10 que la distribución de frecuencias para el servicio de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión analógica, se sujetará

a lo siguiente: “1. Estado, hasta el treinta y tres por ciento. 2. Comercial, hasta el treinta y tres por ciento. 3. Social comunitario, hasta el diecisiete por ciento. 4. Pueblos indígena originario campesinos,  y las comunidades

interculturales y afrobolivianas hasta el diecisiete por ciento”.

En Venezuela, la comunicación comunitaria se ha venido desarrollando y ya constituye una referencia necesaria. Radios, televisoras, impresos y cybermedios son parte del paisaje y de la realidad comunicacional. Un buen trecho se ha recorrido y hoy día el aporte del mundo comunicacional comunitario resulta imprescindible para adelantar acciones políticas ciudadanas que se propongan el cambio social y la transformación del país.

El tejido social comunitario

Esta comunicación comunitaria también se le denomina alternativa, participativa, horizontal, dialógica, popular y radical. Todas esas categorías están implicadas. Depende de las nociones políticas, del lugar, de la comunidad y de las prácticas en desarrollo. La clave de su constitución está en que es la expresión de las luchas populares por mejores condiciones de vida, por ganar una mayor participación política y social, por superar la comunicación que quiere vender mercancías y que necesita de consumidores, por hacer posible una acción comunicacional que se exprese en la construcción de ciudadanía. Representa opciones diferentes en la comunicación, con contenidos críticos y emancipadores, y asume las nociones populares y ciudadanas.

En los últimos años la denominación más común es la de medios comunitarios y la de comunicación comunitaria. La definición de comunicación alternativa, más usada en los años 70 y 80, ha ido quedando en desuso. La clasificación de popular tiene algunos defensores en la actualidad.

Las palabras no son neutras, ni permanecen en vano. Cuando se nombra algo se le otorga una categoría, una definición, vinculándolo con los conceptos, los prejuicios y los valores que nos acompañan o nos pertenecen. No es lo mismo decir “niño” que “menor”. “Niño” remite a los derechos del niño, en cambio la palabra “menor” tiene una connotación o sesgo jurídico. No es lo mismo decir “comunidad” que decir “sociedad”. “Comunidad” remite a lo que se comparte y se vive en común, de manera próxima.

Comunidad hace referencia a intereses comunes, a problemas similares, al intercambio y a la vida y la suerte que se comparte o se convive. Sociedad, en cambio, refiere algo más genérico o distante. Stuart Hall (2003) se refiere a las comunidades étnico-culturales como sinónimo de resistencia, de oposición o alternativa al poder hegemónico de las grandes corporaciones transnacionales; pero también donde se produce una identidad como grupo. Bauman (2003) dice que la comunidad es necesaria porque es fuente de seguridad identitaria; es el lugar donde los individuos comparten intereses comunes, bienes simbólicos, valores y prácticas similares. Este autor distingue entre comunidad y gueto. La comunidad integra, el gueto desintegra y no es un vivero de sentimientos comunitarios. Para Bauman (2003: 67) el gueto “es un laboratorio de desintegración social, de atomización y anomia”.

En Venezuela, la experiencia muestra que la noción de comunidad se concreta o se materializa en una serie de vínculos y relaciones que dan lugar al tejido social que hace posible el surgimiento de diversas formas de lucha y de organización. En el barrio, la comunidad se hace manifiesta en consejos comunales, comisiones para gestionar servicios públicos, grupos y asociaciones de padres y representantes, organizaciones provivienda, grupos religiosos, asociaciones y clubes juveniles, periódicos, radios y televisoras comunitarias, entre otras.

Desde la experiencia cristiana, Pedro Trigo (2004: 21) relata que “han brotado en nuestros barrios lo que a nivel latinoamericano  se conoce con el nombre de Comunidades Eclesiales de Base, que entre nosotros reciben muchos nombres o son frecuentemente una realidad sin nombre o con el nombre genérico, pero que siento que es el que más les cuadra, de comunidad cristiana o simplemente `la comunidad´”.

Si bien esta es una experiencia específica sirve como muestra de lo que ocurre en el mundo comunitario. Como resultado de las relaciones que se tejen surgen formas comunitarias u organizaciones sociales que propician la integración, la identidad, la lealtad, el afecto, que hace posible buscar alternativas frente a los problemas y construir ciudadanía. Añade Trigo (2004: 21-22) que en estas organizaciones de barrio “participan andinos, orientales, barloventeños y personas venidas de otros lugares, y sin dejar de ser lo que eran, van rehaciendo su identidad en la medida en que el encuentro con los demás se va volviendo más decisivo por el estilo genuinamente democrático, procesual y libre, y por estar orientado a la vida concreta, genuina y digna”.

En Maracaibo resulta útil mostrar la historia del barrio Buena Vista, parroquia Cacique Mara. Como cualquier otra comunidad tiene sus orígenes en una invasión de los terrenos de un hato. De modo que primero se improvisaron ranchos precarios hasta que poco a poco fue quedando. Una de sus primeras luchas fue por construir una escuela. Con esa finalidad surgió una primera forma de organización. Su meta inmediata era la escuela. Una vez alcanzado ese logro vinieron otras reivindicaciones: las calles, la electricidad, el agua y así sucesivamente.

En la actualidad ya es un barrio estable con servicios. Pero es digno de resaltar que en su proceso de consolidación fue clave que la gente se movilizara y se organizara. Un aporte relevante en toda esa etapa de edificación del barrio y de construcción lo hizo el periódico El Populacho, un periódico comunitario que circulaba regularmente, cada mes aproximadamente, y que permitió la gente se reconociera, se organizara y viera los frutos de su lucha constante. El Populacho era un dieciseisavo que oscilaba entre 12 y 16 páginas. Incluía publicidad de abastos, ferreterías y hasta una clínica situada en el barrio. Eso permitía que su impresión se le encomendara a una empresa. El resultado era producto con una calidad que superaba la publicación eventual e improvisada. Su constancia por cerca de cuatro años fructificó y en el barrio surgieron organizaciones que buscaron mejorar las condiciones de vida.

Lo interesante o curioso es que 20 años después la historia continúa. Aquella generación fue relevada y en la actualidad en Buena Vista siguen las organizaciones populares y la comunicación comunitaria. Allí está la sede de Canal Z, un canal comunitaria de televisión, habilitado por Conatel, que cobertura para casi toda su parroquia.

Estas experiencias evidencian que cuando hay formas de organización popular y de comunicación comunitaria ocurre un proceso de comunitarización o de generación de comunidad. Lo contrario es la pasividad, la ausencia de participación y la incomunicación, todo lo cual redunda en contra de la vida en comunidad, de la puesta en común. En lugar de comunidad se produce fragmentación y desintegración social. En lugar de vivir se sobrevive; se vive una situación límite de falta de socialización, lo cual se traduce en inseguridad, vida precaria y anomia.

Las comunitarias en el escenario

Importantes transformaciones se ha producido en el microcosmos de las organizaciones populares en Venezuela. El contraste es necesario.

En las décadas de los años 70, 80 y principios de los noventa, muchas de las iniciativas populares eran canalizadas a través de AD y COPEI, el bipartidismo que gobernó en Venezuela entre 1958 y 1998. Las organizaciones sociales eran inexistentes o apéndices de aquellos. Eran domesticadas por vía del consenso o reprimidas, si fuera el caso. En ese marco, el asistencialismo o paternalismo del Estado surge y crece; aparece como la forma natural y lógica de esperar del Estado alguna acción benéfica. El clientelismo es una manera de disfrazar la participación y generar una cultura de pasividad y de dependencia. Este esquema entrena a la población para la no participación y el ejercicio no ciudadano.

La participación era “gestionada” o controlada desde arriba, desde cualquier forma de poder. Imperaba la lógica de la racionalidad instrumental que convierte la participación en un instrumento para alcanzar determinados fines. Este es el enfoque liberal de la participación que se reduce a la democracia representativa. Los cambios sociales y políticos son asumidos desde el discurso de los gobernantes. La iniciativa popular queda borrada. Un ejemplo a la mano, en Venezuela, es el de la creación dela ComisiónPresidencialparala Reformadel Estado (Copre), en 1984, durante el gobierno del presidente Jaime Lusinchi. Se buscaba promover un mejor funcionamiento del Estado pero como acción emprendida “desde arriba”, sin contenido, ni participación popular.

Desde finales de la década del 90, del siglo pasado, han empezado a ocurrir una serie de cambios. Su lectura crítica y diversa de lo que ocurre es necesaria para construir una justa interpretación.

Una serie de cambios han ido ocurriendo. El 15 de diciembre de 1999, se aprueba mediante referéndumla Constitucióndela RepúblicaBolivarianade Venezuela. Con la Constituyente se recupera el debate sobre los contenidos y significados de la democracia y de la participación ciudadana. Se propone una nueva visión que supone la creación de un Estado con justicia social, democracia participativa y protagónica.

En 2002 se aprobaron la Leyde los Consejos Locales de Planificación Pública[1] y la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas[2]. En 2005 se aprobó la Ley Orgánica del Poder Público Municipal[3] que viene a sustituirla Ley Orgánica de Régimen Municipal de junio de 1989. Con esta ley se introduce la noción de contraloría social y se establece que la ciudadanía puede organizarse en contralorías sociales para ejercer el monitoreo, vigilancia y crítica del gobierno local. En 2006 se apruebala Ley de los Consejos Comunales. Allí se define a estos consejos, en su artículo 2, como “instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social” (Ley de los Consejos Comunales, 2006)

Estos cambios sociales y políticos han generado un clima diferente, más propicio para la participación. Como consecuencia de ello, en el arqueo mediático realizado a la prensa venezolana (Villalobos y Rosillón, 2010) aparecen un conjunto de organizaciones populares actuales, entre ellas, en primer lugar los consejos comunales y luego las cooperativas, los comités de usuarios de diferentes servicios públicos, los sindicatos, las fundaciones y un número amplio de organizaciones: asociación de vecinos, asociación civil, frente, bloque, contraloría social, alianza, junta administrativa, red, ONG, activistas, directiva, sociedad, colegio, productores, jóvenes, docentes, estudiantes, iglesia, gandoleros y bodegueros.

Es significativa la ausencia en la prensa analizada de denominaciones legales actuales de participación en Venezuela como el caso de las mesas técnicas (de agua, de electricidad, de gas, de vivienda) y los comités de tierra.

Este clima de revisión y de cambios también se expresa en el campo de los medios comunitarios. Primero porque hay una mayor participación política de la sociedad y un mayor interés por la iniciativa ciudadana, en cualquier predio, y también porque nuevas tendencias se han expresado en la comunicación.

Estas nuevas tendencias se pueden resumir en cuatro principales. 1. Se entiende que la comunicación audiovisual, en cualquiera de sus soportes, resulta una actividad social de interés público y en la que deben preservarse los derechos comunicacionales. 2. Se busca garantizar la administración del espectro radioeléctrico de manera democrática y garantizar la igualdad de oportunidades. Eso conlleva una revisión y una redistribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para evitar la concentración de la propiedad de los medios. 3. Se desarrolla la idea de que los medios de comunicación son formadores de sujetos, de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo y juegan un rol relevante en la construcción de ciudadanía, por tanto, tienen la exigencia de mostrar los distintos enfoques y favorecer el debate pleno de las ideas. 4. Se propone generar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, mediante acciones dirigidas a superar la brecha digital.

De todas ellas, aquí haremos énfasis en la que se refiere a la revisión del espectro radioeléctrico.

Antes se había aceptado como natural la forma como se conformaba o se repartía. Es decir, había un predominio casi absoluto de medios privados y una presencia escasa del Estado, que se conformaba con dos canales nacionales de televisión, uno de ellos solo con presencia en la capital del país. La resultante de eso ha sido una elevada concentración de la propiedad privada sobre los medios y una concentración de las audiencias.

Este reparto o distribución del espectro radioeléctrico se asentaba en la noción de que los medios están para llevar entretenimiento pero sobretodo para estimular el consumo, como mecanismo que permite reponer las mercancías que la economía capitalista requiere. Los medios están para que el consumismo se consuma a la gente, se la devore. La educación y la cultura quedan relegadas a segundo plano. Se le consideran espacios aburridos y pesados. El cine, el video y la producción de programas que expongan una visión autóctona y autónoma son casi inexistentes.

En la última década se ha venido produciendo una revisión del espectro radioeléctrico. Todavía la presencia de los privados es mayoritaria y ejercen la mayoría, pero ahora hay una serie de medios públicos o estatales y la novedad es que aparecen los medios comunitarios. Ya forman parte del paisaje comunicacional, aunque todavía se les desestime.

Conatel/total de medios habilitados

Estado Radio   TV        Total

1    Amazonas        3          1          4

2    Anzoátegui      16        2          18

3    Apure              9          1          10

4    Aragua            9          5          14

5    Barinas           4          0          4

6    Bolívar             14        2          16

7    Carabobo         14        1          15

8    Cojedes           1          1          2

9    Delta Amacuro 1          0          1

10  Distrito Capital     11        2          13

11  Falcón             5          1          6

12  Guárico            3          1          3

13  Lara                19        1          20

14  Mérida             21        2          23

15  Miranda            18        3          21

16  Monagas          4          0          4

17  Nueva Esparta 12        o          12

18  Portuguesa      1          1          2

19  Sucre                  8          1          9

20  Táchira            12        5          17

21  Trujillo             16        0          16

22  Vargas            3          1          4

23  Yaracuy            14        2          16

24  Zulia                26        3          29

Subtotal           244      36        280

Fuente: Conatel (abril, 2011)

Algunos de los canales de televisión comunitarios son: en Distrito Capital, Catia TV y TV Caricuao; en Zulia, Quijote TV, en municipio Sucre; Canal Z, en Maracaibo, Fundacomez, en Machiques de Perijá; en Amazonas, Ecológica Cultural Selva; en Anzoátegui, Somos Visión, en Guanipa, y TV Puerto, en Puerto la Cruz; En Aragua, TV Limón; Arawakos, Contacto Vecinal TV y Zamora TV; en Mérida, TV Bailadores y Survisión; en Miranda, TV Petare, Guatopo Televisión Comunitaria, y Tele Cimarrón.

Los datos de Conatel son insuficientes. Se refieren solo a las habilitadas y por tanto, hacen uso del espectro electromagnético cumpliendo con lo establecido en la ley. En el artículo 7 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2010) se establece que el espectro electromagnético es “un bien del dominio público de la República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión, de conformidad con la ley”.

Esta reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2010) declara “como servicio e interés público el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios de telecomunicaciones entre ellos, radio, televisión y producción nacional audiovisual, para cuyo ejercicio se requerirá la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa, concesión o permiso”.

El artículo 17 de esa reforma establece que las habilitaciones para el establecimiento y explotación de redes tendrán un carácter personalísimo, “en consecuencia, no podrán cederse o enajenarse, ni adquirir o transmitirse por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción”.

Un recorrido por el paisaje comunicacional venezolano revela que entre las comunitarias la mayoría no cuentan con el permiso de Conatel, bien porque no se lo han propuesto, pero principalmente por las trabas burocráticas que coloca Conatel. En los hechos se permite que del espectro electromagnético se haga un uso arbitrario.

El estudio de Abreu, Castro, Plumacher y Reyes (2010) revela que en el municipio Maracaibo, del estado Zulia, actúan seis radios comunitarias habilitadas por Conatel y 26 no habilitadas. Para la recolección de estos datos se utilizó la observación directa, a través de la revisión del dial. Este resultado arroja que en Maracaibo existen 32 emisoras comunitarias de las cuales 26, es decir 81 %, lo hace por voluntad propia.

Si sumamos las que actúan con permiso y las que lo hacen a motu proprio podemos verificar la presencia de los medios comunitarios, con una importancia tal que se introduce una modificación sustancial en el espectro radioeléctrico.

Este tópico de las habilitaciones es probablemente la mayor debilidad de las comunitarias. Al no contar con la autorización del Estado quedan a merced de cualquier decisión que las sanciones o inhabilite.

La Ley de Telecomunicaciones vigente fija un lapso de 45 días continuos para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) determine si una solicitud cumple o no con los requisitos de forma y de fondo, pero son muchos los medios comunitarios que no reciben una respuesta oportuna. Esto hace que aparezca la inercia y que haya medios que operen asumiendo el riesgo de ser declarados ilegales, en cualquier momento. Este aparente “dejar, dejar pasar” hace posible que surjan medios que no están sometidos a las regulaciones establecidas y hagan una comunicación más próxima de la actividad mercantil y alejada de los propósitos comunitarios.

En ausencia de reglas precisas, se registra una diversidad de medios comunitarios, que va desde aquellos comprometidos con la comunidad, interesados en promover valores democráticos y ciudadanos, hasta los que buscan refugiarse en este campo pero en verdad responden a otros intereses, que pueden ser comerciales y de proselitismo religioso o partidista.

Nuevas definiciones y precisiones

En Venezuela se promulgó el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria de Servicio Público (2002). Allí se establecen, en su artículo 1, ”los requisitos, las características, las limitaciones y las obligaciones de los servicios de radiodifusión sonora comunitaria y televisión abierta comunitaria, así como la forma y condiciones  de otorgamiento de las habilitaciones administrativas y concesiones”.

El Reglamento apareció en un escenario de politización del país y de dinamismo para las organizaciones populares, después de la derrota al golpe de Estado del 11 de abril de 2002. 10 años después, el balance que puede hacerse de este instrumento legal revela que ha permitido la promoción de la comunicación comunitaria. En razón del nuevo momento político que comienza desde principios de la década y de la oportunidad ofrecida por el Reglamento, las comunitarias se han multiplicado.

10 años después la situación se ha modificado sustancialmente, cualitativa y cuantitativa. Algunos tópicos requieren nuevas definiciones: las habilitaciones y concesiones, la zona de cobertura de las comunitarias, el financiamiento, la programación y la participación de la comunidad.

Los cambios que ahora demanda la nueva realidad comunicacional venezolano tienden a expresarse, básicamente, en dos vertientes: primero, en el interés por la democratización del espectro radioeléctrico, para ampliar el espacio para las comunitarias y para democratizar la palabra y la comunicación. Segundo, evaluar, criticar, corregir y mejorar los contenidos que se exponen y difunden a través de los medios, lo cual tiene plena vigencia también para los medios comunitarios. Ese debate incluye, desde luego, a todos los medios para verificar cómo se propicia una subjetividad que en lugar de contribuir a la generación de ciudadanía tiende a propiciar el consumismo.

Ambas vertientes o variables son relevantes. La investigación en comunicación en América Latina ha puesto de relieve el nudo conflictivo que representa la concentración de la propiedad sobre los medios y desde luego sobre las frecuencias del espectro radioeléctrico, lo cual redunda en una concentración de la audiencia. Por tanto, el problema no es solo el contenido de lo que se ofrece sino también el acceso a los canales para transmitir, y sin una democratización de ese espacio o espectro no puede alcanzarse una apertura diversa de los medios, canales, mensajes y voceros.

La revisión del espectro radioeléctrico requiere de una mirada diferente, sujeta al nuevo contexto que se deriva de los cambios tecnológicos. Atrás quedan 60 años de utilización del sistema analógico de transmisión. Con el uso de la señal digital se tiende hacia un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Se amplían los recursos técnicos disponibles, lo cual se traducirá en más canales y en una mejor calidad.

En Venezuela desde junio de 2011 comenzó la transición hacia el nuevo sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT), que adquirió el gobierno siguiendo el modelo japonés, con cambios introducidos por Brasil. Actualmente el mercado se lo disputan los modelos generados en Estados Unidos, Europa, China y Japón. El modelo asumido por Venezuela permite una mayor capacidad de canales, en comparación con el analógico.

Esta es una nueva realidad que está al alcance de la mano y que abre otras posibilidades de uso del espectro radioeléctrico, tanto para las comunitarias como para el conjunto de los medios audiovisuales. Pero más allá de las especificaciones técnicas el problema se concentra en los criterios que se adopten para propiciar la democratización de la comunicación. Es decir, la razón técnica puede estar al servicio de una visión política que se proponga superar la concentración del uso de las opciones que ofrece el espectro radioeléctrico.

En Venezuela existe una arquitectura legal relacionada con la comunicación. De tal manera que pueden mencionarse la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, aprobada en 2010; Ley de Telecomunicaciones, reformada en 2010; la Ley de Ejercicio del Periodismo, la Ley sobre el Derecho de Autor, aprobada en 1993; y Ley Especial contra los Delitos Informáticos. En la Constitución Nacional se incluyen artículos específicos para el ámbito de la comunicación. Es el caso de los artículos 57, que consagra la libertad de expresión, y el 58 que fija el derecho de réplica y de rectificación. Además, está lo incluido la Ley Orgánica de Educación y en la Ley para la Protección del Niño y el Adolescente (Lopna). No obstante, todas estas garantías y opciones, hace falta una ley que abra paso a los medios comunitarios y que supere el reglamento actual.

De allí que en este momento se abogue por una ley para los medios comunitarios, que incorpore un conjunto de medidas favorables para estos medios en cuando a los principios que los sustentan, su financiamiento, la cobertura, la publicidad, y sobre todo garantizarse un espacio en el espacio radioeléctrico.

Conclusiones

Aunque no siempre se les reconoce su verdadera importancia, los medios comunitarios constituyen uno de los hechos más relevantes en el escenario comunicacional actual venezolano.

Su presencia, estimulada por la multiplicación de las organizaciones populares, amplia las opciones y posibilidades del ejercicio político y de la participación ciudadana. Así mismo, los derechos comunicacionales consagrados constitucionalmente y que favorecen el proceso de cambio social se hacen efectivos a través de la comunicación comunitaria, porque favorece el acceso, el diálogo, la denuncia y el debate público.

La comunicación comunitaria favorece la inclusión social en la medida que se puede participar, haciendo uso de la palabra, por distintas vías; informando, opinando y proponiendo una interpretación propia, desde la óptica de la comunidad. Es una alternativa, un campo autónomo, a los medios privados, públicos o estatales.

Ya tienen una presencia es el escenario comunicacional venezolano en radios y televisoras comunitarias, impresos y medios digitales. Ahora nuevos retos y demandas surgen. Falta un inventario completo sobre su existencia, de las habilitadas y de las que actúan “por su cuenta”, de las tendencias actuales, sobre el uso del espacio electromagnético, de la relación con la empresa privada y con el Estado; urgen redefiniciones sobre la cobertura de los comunitarios, sobre el financiamiento y la participación ciudadana. En parte, estas respuestas suponen la creación de una Ley sobre Medios Comunitarios, pero desde luego no todo se agota en el campo legal. Las precisiones y definiciones más importantes están situadas en las nociones políticas que acompañen el ejercicio comunicacional comunitario.

Finalmente, en materia de investigación en esta campo quedan abiertas una serie de líneas, que requieren de estudios de casos, para mostrar experiencias, avances y debilidades; que contribuyan con la formación de los promotores, participantes y colaboradores de los medios comunitarios, propiciando redes para favorecer el crecimiento y fortalecimiento de los medios comunitarios.

Referencias
Abreu, Nerio et. Al (2010) Situación de las radios comunitarias en el municipio Maracaibo del estado Zulia, Quórum Académico, vol. 7 N° 2, julio-diciembre,  11-32
Anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios Alternativos y la Comunicación Popular (2011). Caracas, mimeografía.
Bauman, Zygmunt (2003). Comunidade. A busca por segurança no mundo actual. Río de Janerio, Jorge Zahar ed.
Comité del Parlamento europeo en la Cultura y Educación (2007) “El estado de los medios comunitarios en la Unión Europea”, Disponible en Internet en:
http://www.ondacolor.org/documentos/Legislacion/parleuropmedcom.pdf. (Consulta: 2011, febrero 16)
Conatel (2011). Listado de medios comunitarios habilitados.  En http://www.conatel.gob.ve/#http://www.conatel.gob.ve/index.php/principal/medioshabilitados. (Colsulta: 2011, abril 30)
Declaración de Principios de Ginebra de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2003) Disponible en http://www.itu.int/wsis/index-es.html. (Consulta: 2011, febrero 27).
Hall, Stuart (2003). “Questao multicultural”, en Hall, Stuart, Da Diáspora, identidades e mediaçoes culturais. Belo Horizonte, ed. UFMG/Brasilia, Unesco
Horkheimer, Max y Adorno, Theodor (1992). “La industria cultural”. En Daniel Bell et al, “Industria cultural y sociedad de masas” (p. 177-230), Caracas, Nueva Sociedad.
Kaplún, Mario (1985).  “El comunicador popular”. Quito, Ciespal.
Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público (2002). Venezuela, Gaceta Oficial Nº 37.359.
Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación de Bolivia (2011) Disponible en www.lostiempos.com (Consulta: 2011, agosto 11)
Ley de los Consejos Comunales (2006). Gaceta Oficial Extraordinaria. Nº 5806 (extraordinaria), del 10 de abril.
Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000).  Gaceta Oficial Extraordinaria. Nº 35.970, del 12 de junio.
Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2010)
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina (2009). Disponible en http://www.comfer.gov.ar/web/Varios/ley/Proyecto_de_Ley_SCA_27-8.pdf. (Consulta: 2010, octubre 25)
Trigo, Pedro (2004). La cultura del barrio. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Silva, Ludovico (1975). La plusvalía ideológica. Caracas, Universidad Central e Venezuela
Unesco (2005) Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Disponinle en http://www.servindi.org/pdf/ConvenioDiversidadCultural.pdf (Consulta: 2011, enero 29)
Villalobos F. Orlando y Rosillón, Lisbeth (2010). “Medios masivos y participación ciudadana en la Venezuela del siglo XXI” en Poder mediático en Venezuela. Una reflexión necesaria (167-182). Argentina, Insumisos

[1] Publicada en Gaceta Oficial Nº 37.463 del 12 de junio de 2002, Caracas
[2] Publicada en Gaceta Oficial Nº 37.509 del 20 de agosto de 2002, Caracas
[3] Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.204 del 8 de junio de 2005, Caracas

 

Un comentario

  1. José Rafael Guzmán dice:

    Saludos, muy importante esta información….

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